Apatzingán, Michoacán, podría ser el siguiente municipio intervenido: Balas, minas, policías señalados y una alcaldesa que pide corridos prohibidos

Bajo el gobierno municipal de Fanny Arreola Pichardo, la seguridad pública se ha convertido en el eje de una narrativa que mezcla crisis, controversia y desconfianza social.
Drones y minas: la nueva cara del miedo
En paralelo, el desempeño de la policía municipal ha sido objeto de señalamientos públicos que van más allá de la percepción general de debilidad institucional. El nombre de Jesús “Chucho” Rangel Barajas ha sido mencionado como la mano que maneja la seguridad pública desde las sombras.
Uno de los episodios más delicados gira en torno a un caso en el que una persona asesinada en Apatzingán fue presentada en un video de interrogatorio antes de su muerte. En ese material, la víctima acusó a Rangel de autorizar o permitir que cámaras de seguridad municipales fueran utilizadas por el cártel de Los Caballeros Templarios, señalando que él tenía conocimiento y tolerancia de esas acciones.
Según esa versión, el supuesto instalador afirmó que los dispositivos colocados en postes oficiales estaban vigilados o eran accesibles para ese grupo criminal con la connivencia del mando policial. La acusación implicaría que infraestructura pública destinada a proteger a la ciudadanía habría sido utilizada para fines delictivos.
A ello se suman acusaciones más amplias de corrupción y tolerancia a la delincuencia. Desde años anteriores, la Policía Municipal de Apatzingán ha venido siendo blanco de ataques armados constantes por parte de grupos criminales. En cartulinas, mantas y en testimonios diversos, se ha señalado la infiltración o connivencia de mandos policiales con organizaciones delictivas; entre ellos, el nombre de Rangel ha aparecido reiteradamente en versiones públicas.
La difusión de estos señalamientos ha impactado la percepción ciudadana en un municipio donde la confianza institucional ya era frágil.
La polémica política
Apatzingán no solo enfrenta violencia armada; enfrenta una crisis de confianza. Entre operativos militares, acusaciones de colusión y antecedentes estatales de detenciones masivas de policías, el municipio camina sobre una línea delgada.